La CMT, un traslado que trae cola


El sector acepta llevar la sede a Barcelona pero duda de que impulse la industria

 

El traslado de la CMT a Barcelona ha sacudido el sector de las telecomunicaciones. Los empresarios coinciden en que en un mundo globalizado el cambio de sede del regulador no perjudica a las empresas pero cuestionan que impulse el desarrollo del sector en Catalunya, como pretende la Generalitat.

 

Telefónica, Vodafone y Auna creen que el traslado no les perjudica y prevén afrontarlo principalmente con el puente aéreo

 

ROSA SALVADOR - 05/09/2004

Barcelona. – El traslado de la sede de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) a Barcelona, pactado el pasado mes de julio por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y el de la Generalitat, Pasqual Maragall, ha sido uno de los temas estrella en el XVIII Encuentro de las Telecomunicaciones celebrado esta semana en la Universidad Menéndez y Pelayo de Santander. El traslado ha concitado un virulento rechazo de los trabajadores de la Comisión y un enfrentamiento, apenas velado, entre el presidente de este organismo, Carlos Bustelo, y el ministro del ramo, José Montilla. Entre los empresarios y los directivos del sector que asistieron al encuentro, convocado precisamente por la patronal de empresas tecnológicas, Aeticc, el sentimiento predominante, sin embargo, era de escepticismo sobre el “efecto de arrastre” que pretende la Generalitat, es decir, que logre impulsar el desarrollo del sector de las telecomunicaciones en Catalunya.

Josep Maria Vilà, vicepresidente de Aeticc y uno de los muchos profesionales catalanes que centran ahora su actividad en Madrid, se cuenta entre los más optimistas. Vilà recuerda la importancia de la CMT en el mundo de las telecomunciones y apuesta por que dinamizará el sector en Catalunya. “Indudablemente impulsará al sector, pero no desde un punto de vista industrial, sin más bien en conocimiento. Por ejemplo, la CMT elabora muchos informes y esto favorecerá que se encarguen a consultoras o centros de estudios de Barcelona”.

Otros empresarios consideran el impacto del trasalado menos significativo. “Los operadores están en Madrid y no se trasladarán a Barcelona porque venga aquí la CMT”, señalan. Estas fuentes consideran que sería más eficiente el traslado si quedarán bajo el paraguas de la CMT la futura Agencia del Espectro Radioeléctrico o el futuro Consejo Audiovisual, según el modelo británico. “Catalunya tiene empresas muy importantes en esos sectores, como Abertis, Mier, Fractus y numerosas firmas de televisión y se potenciaría su peso en estos sectores con la ubicación de los reguladores en Barcelona. Los actuales servicios de regulación de operadores de telecomunicaciones, en cambio, podrían quedarse en Madrid”.

Otro empresario consultado destacó que “los traslados políticos son peligrosos porque pueden ser de ida y vuelta. Si la CMT pierde a una parte importante de su personal, sus resoluciones son menos sólidas y empiezan a caer en los tribunales ante los recursos de los operadores, la CMT se cuestionará, como sucedió en Italia (se trasladó a Sicilia y ha vuelto a Roma) o bien esto legitimará al ministerio de turno a repescar parte de sus competencias”.

Los operadores de telecomunicaciones regulados por la CMT son, paradójicamente, los que consideran menos importante el traslado. Luis Lada, director de desarrollo del grupo Telefónica, aseguró que “la ubicación de la sede no es relevante”, por lo que a su juicio “para las compañías el traslado no tendrá ningún impacto, ni positivo, ni negativo, ni neutro”. Lada recordó que Telefónica está acostumbrada a relacionarse con organismos públicos de todo el Estado y con organismos reguladores muy alejados de Madrid, como los ubicados en los países de Latinoamérica, y con los europeos, con sede en Bruselas.

El consejero delegado del grupo Auna, Joan David Grimà, aseguró: “Para nosotros será perfecta la decisión que tome el Gobierno”, y opinó que con teléfono, internet y el puente aéreo, la ubicación física ya no es relevante. Grimà recordó que esto es especialmente cierto en el caso de Auna, que tiene su sede y algunos departamentos en Barcelona.

Responsables de Vodafone, por su parte, mostraron su neutralidad respecto al traslado de la Comisión y explicaron que si éste es completo simplemente podría obligar a más viajes a los directivos de la compañía o a incorporar a alguna persona con residencia en Barcelona al departamento de regulación.

El presidente de Aeticc, Jesús Banegas, destacó que en esta cuestión “lo importante es que el traslado no afecte a la buena marcha de la CMT ni a sus relaciones con las empresas” y recordó que la actividad reguladora de la CMT es clave para el desarrollo del sector.

 

Una plantilla de abogados, ingenieros y economistas

La Comisión del Mercado de Telecomunicaciones es un organismo independiente del Gobierno encargado de velar por la liberalización y la competencia del sector. Con ingresos propios (se financia con una tasa que pagan los operadores), una sede señorial en el centro de Madrid de su propiedad y un holgado superávit financiero anual, la ley garantiza su independencia haciendo que su presidente y sus consejeros, nombrados por el Gobierno, no puedan ser destituidos hasta que concluya su mandato.

La CMT emplea a 140 personas, principalmente abogados e ingenieros y en menor medida economistas, con un sueldo bruto de unos 54.000 euros anuales y una edad media de unos 35 años, que ante el anuncio del traslado han creado un comité de empresa y han anunciado que irán hasta la huelga para impedirlo. Su presidente, Carlos Bustelo, explica que este rechazo se basa en que la mayoría tiene hijos pequeños, parejas que trabajan y una hipoteca reciente. El rechazo a aprender catalán y a escolarizar a sus hijos en esta lengua es otro argumento. El Ministerio de Industria ha iniciado ya contactos con los trabajadores y, como la propia CMT, ha anunciado buenas primas económicas para facilitar el traslado.

La CMT cuenta con cuatro departamentos que elaboran resoluciones (el técnico, el de análisis económico y de mercados, el de regulación de operadores y el jurídico) y otros cuatro de apoyo (administración y recursos; organización y sistemas; estudios y relaciones externas, y el área internacional).

 

La Vanguardia, 5 de Septiembre de 2004

 

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