CC.OO. y UGT creen que la legislación actual no permite autorizar el cierre de Samsung
La empresa coreana necesita
el permiso de la Generalitat para despedir a la plantilla
LA DESLOCALIZACIÓN
INDUSTRIAL. Reacciones a la marcha de multinacionales
“Una cosa es que una empresa decida cerrar y otra que lo pueda hacer
porque hay una legislación que cumplir”, coincidieron ayer en señalar Joan
Coscubiela y Josep Maria Álvarez. CC.OO. y UGT advirtieron que Samsung no
cumple los requisitos previstos en el Estatuto de los Trabajadores para
despedir a su plantilla.
Coscubiela y Álvarez opinan
que la empresa sólo tiene dos alternativas: reconsiderar el cierre o pactar con
los trabajadores
DOLORS
ÁLVAREZ - 20/01/2004
Barcelona.
Joan Coscubiela, secretario general de CC.OO. de Catalunya, y su homólogo de
UGT, Josep Maria Álvarez, advirtieron ayer que la legislación actual no permite
autorizar el expediente de regulación de empleo necesario para cerrar la planta
de Samsung, porque es una empresa que obtiene beneficios y que lo único que
pretende es una reubicación geográfica con objeto de maximizar la rentabilidad.
La autorización de la Generalitat es preceptiva a menos que se alcance un
acuerdo con los sindicatos. El cierre significará el despido de 480
trabajadores fijos y 150 temporales.
“No entra dentro de los supuestos que prevé el Estatuto de los Trabajadores”,
dijo Coscubiela, quien destacó que “cuando una multinacional decide cerrar una
planta no significa necesariamente que pueda hacerlo”. Explicó, además, que los
argumentos que hasta ahora ha dado Samsung no justifican el cierre “ni con la
legislación española en la mano ni con las normativas europeas”.
También Josep Maria Álvarez se mostró convencido de que “la Generalitat no
puede aprobar el expediente” y que, por tanto, Samsung sólo tiene dos
alternativas: “O bien reconsiderar el cierre o bien ejercer su responsabilidad
social, con la recolocación de los trabajadores”.
En la documentación presentada el viernes por Samsung a los sindicatos se
insistía sobre todo en la caída de los márgenes de negocio, por la bajada de los
precios de productos como los DVD o los teléfonos móviles. La empresa avanzaba
que, de seguir así, habría entrado en pérdidas, aunque hasta ahora haya
obtenido beneficios. En estos momentos, los asesores jurídicos ultiman toda la
argumentación legal con el objetivo de presentar el expediente de regulación a
finales de semana.
El caso Samsung no sólo ha avivado la inquietud por la deslocalización de
industrias hasta ahora clave para Catalunya. También ha levantado una polémica
sobre las ayudas públicas para atraer inversiones. “El sistema debe ser
transparente, y no como hasta ahora –dijo Álvarez–. Hay que controlar que las
ayudas se destinen realmente para lo que fueron concedidas y no como en el caso
de Samsung que se dieron para I+D y en la planta no ha habido ningún desarrollo
tecnológico.” “Eso son subvenciones encubiertas, añadió. Lo mismo que las
subvenciones para la compra de terrenos, que no digo que no se deban de dar,
pero que hay que establecer una serie de cautelas para evitar que, pasado un
tiempo, la empresa cierre y encima haciendo negocio inmobiliario”.
Coscubiela propuso unas nuevas “reglas del juego” en la política destinada a
favorecer la implantación de industrias, lo que incluiría una reducción de las
subvenciones directas y una mayor atención al entorno competitivo y a las
infraestructuras. Tras calificar de “feudal” la organización de Samsung, que ha
hecho todo lo posible para impedir la representación sindical en la empresa, el
líder de CC.OO afirmó que deberían públicas todas las ayudas que ha recibido la
multinacional coreana para que lo sepan “los trabajadores y los competidores”.
La Vanguardia, 20 de enero de 2004