Samsung
rechaza ayudas para mantener 446 empleos y decide irse a Eslovaquia
BARCELONA, JOAN CARLES VALERO
La Generalitat apela a la «inteligencia
comercial» de las dos multinacionales para que atiendan a su responsabilidad
social en el cierre y no disgusten a los consumidores
La
dirección de Samsung en España comunicó ayer al comité de su planta de Palau
(Barcelona) que el próximo 31 de marzo cerrará la fábrica, lo que supone la
pérdida de unos 700 empleos (446 puestos de trabajo fijos y, el resto,
temporales). La medida, lejos obedecer a problemas financieros, se debe a la
concentración en Eslovaquia de todas las actividades europeas de la
multinacional coreana, y afecta también a otra fábrica en el Reino Unido. Hasta
tal punto la decisión es firme, que el grupo ha rechazado las ayudas que le ha
ofrecido la Generalitat para que continúe en Cataluña.
Se
trata de un caso similar al de Philips, que la semana pasada anunció el cierre
de su planta de luminarias en La Garriga (Barcelona) para potenciar una
factoría polaca. Un portavoz de Samsung aseguró a ABC que sus previsiones
indican que a partir de 2005 los actuales beneficios de la filial española
podrían convertirse en pérdidas. La compañía justificaba la deslocalización
«para mantener la posición entre los líderes mundiales del sector».
La
electrónica de consumo atraviesa un delicado momento por el vertiginoso
desarrollo tecnológico, que acorta la vida comercial de los productos y sus
precios de venta. El presidente de la patronal electrónica Aniel, Jesús
Banegas, atribuye los cierres de Philips y Samsung a criterios de racionalidad
y señala que no deben provocar alarmismo.
La
planta española de Samsung se dedica principalmente al ensamblaje de equipos
audiovisuales destinados en su mayoría a la exportación, mientras que la
producción de telefonía móvil se trasladará a China. La multinacional coreana
mantendrá, sin embargo, la estructura comercial en España. El consejero de
Trabajo e Industria de la Generalitat, Josep María Rañé, reveló ayer que
Samsung ha rechazado las ayudas que la administración catalana le ha ofrecido
para impedir el cierre. Desde 1993, el grupo oriental ha recibido de la
Generalitat 3,48 millones de euros para contribuir a su implantación en
Cataluña, fondos a los que deberían sumarse los percibidos a través de otros
organismos, como el Instituto Catalán del Suelo. Rañé señaló que estas ayudas
«nunca fueron condicionadas» a la permanencia del grupo en España, por lo que la
administración no puede exigir su devolución. La firma de Seúl declinó
recientemente una subvención de I+D, lo que, a juicio del consejero catalán,
resulta indiciario de que la decisión estaba adoptada.
El boicot, último recurso
Rañé
matizó que medidas extremas como el boicot de los productos de Philips que
propuso hace unos días «deben reservarse en el caso de que las empresas no
asuman la responsabilidad social de sus decisiones» que pasa, a su juicio, por
una salida no traumática. En este sentido, el consejero, que antes fue
dirigente de UGT, apeló a «la inteligencia comercial» de las empresas para
evitar disgustar a sus consumidores. Rañé comentó a título personal que se
afeita con maquinillas de la marca Wilkinson desde que Gillette realizó «un mal
cierre en Sevilla».
Este
caso ha coincidido con la primera reunión de los líderes sindicales catalanes
con Pasqual Maragall, quien se comprometió a liderar un cambio en el modelo
productivo para evitar las deslocalizaciones, y con una visita a Barcelona del
secretario general del PP, Mariano Rajoy, que restó importancia a lo que
considera «un acontecimiento puntual».
ABC, 16 de enero de 2004