Pros y contras de declararse insolvente

Su complejidad y elevado coste cuestionan la idoneidad del actual proceso concursal para particulares

Mayte Rius  - 08/10/2006

 

Josep Gil y María del Carme Barnet se convirtieron hace una semana en la primera familia que culmina con éxito un concurso judicial tras declararse insolvente. Lograron un pacto con sus acreedores que reduce un 30% la deuda y les da cinco años para ponerse al día en sus pagos. Las reacciones no se han hecho esperar: organizaciones de consumidores y expertos en derecho concursal advierten que declararse insolvente ante un juez no es ningún chollo para rebajar las deudas, sino un proceso caro y complejo con más fracasos que éxitos entre particulares.

 

La mayoría de concursos por deudas de particulares fracasa, sólo ha habido un caso de acuerdo

Solicitar el concurso no es voluntario, es obligatorio cuando no se pueden asumir las obligaciones de pago

El caso de Barnet y Gil es una excepción, porque estaban pendientes de que la Justicia les reconociera una pensión adicional que, además, generaba el cobro de atrasos, así que tenían perspectivas de mejorar su solvencia y ofrecían un plan de viabilidad razonable a sus acreedores. Pero el concurso judicial no es solución para los problemas de insolvencia de quienes viven de un salario, porque sino pueden generar más rentas, no resolverán su desajuste patrimonial aunque los acreedores esperen cinco años". Así de contundente se expresa José María Fernández Seijo, uno de los cuatro magistrados que atiende procedimientos concursales en Barcelona, tras enfatizar que el concurso de esta familia catalana es el primero que se resuelve con éxito pero no el único tramitado. El resto ha fracasado. Como muestra explica el caso de una persona con unos ingresos de 900 euros mensuales que debe 60.000 y para quien el plan de viabilidad pasa por guardar 400 euros al mes "pero con eso no tiene ni para pagar los intereses de demora, que son del 15% ó 20% y se aplican mensualmente".

El abogado de Josep Gil y Maria Carme Barnet, Jaume Pich, asegura que el problema que plantea el actual procedimiento concursal para los particulares es previo a disponer o no de una propuesta de convenio viable y está en el acceso al mismo. "Es un proceso complejo, largo y farragoso, que se tramita en los juzgados provinciales - muchas veces lejos del afectado-, y además, caro", dice Pich. Y pone como ejemplo a una familia que quería acogerse a la suspensión de pagos porque no podía afrontar una deuda de 60.000 euros, "pero sólo para publicar los edictos a que obliga la ley tenía que desembolsar entre 2.000 y 3.000 euros que no tenía y, por su salario, tampoco podía acceder a la justicia gratuita". El resultado es que no pudieron continuar con el procedimiento concursal.

"La Ley Concursal es una norma pensada para las quiebras y suspensiones de pagos de empresas, no para resolver situaciones de sobreendeudamiento de familias y consumidores y, a sus dilatados plazos, añade unos excesivos costes que pueden acabar por incrementar la deuda del consumidor", aseguran desde la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, Adicae. Y la opinión es compartida por la gerente del Registro de Economistas Forenses (Refor), Inés Landín, que reivindica un procedimiento más barato para resolver las insolvencias de los particulares.

Joan Rojas, economista y administrador judicial en varios concursos, reconoce que los costes de este proceso pueden ser, "aparentemente", desincentivadores en función del patrimonio del deudor. Pero subraya que "acudir al concurso no es una decisión voluntaria, sino obligatoria para cualquier persona que no pueda cumplir con sus obligaciones de pago de forma actual o inminente". En este sentido, la ley obliga a solicitar un concurso en un máximo de dos meses desde que se sepa que se está o se estará en insolvencia.

Rojas precisa que los tres grandes costes del concurso son los de abogado y economista - que estima en unos 12.000 euros-, los de procurador y edictos - que cuantifica en un mínimo de 3.000-, y los del administrador concursal, que son un porcentaje del patrimonio y deuda del afectado. Opina que "los costes más difíciles de digerir son los iniciales de las consultoras, los procuradores y la publicación de los edictos, porque los costes del administrador pueden irse pagando dentro del proceso y el resto de gastos pueden incluirse en la quita del convenio". Pero advierte que los costes no son sólo económicos. "Hay que tener en cuenta el impacto que tiene en la imagen de esa persona, tanto en el ámbito privado - al hacer público que no puede pagar sus deudas-, como en su limitación de acceso, para nuevas operaciones, a los canales de financiación", dice Rojas.

Beneficios
Pich, por su parte, cree que a pesar de estos inconvenientes el concurso puede resultar ventajoso para algunos particulares. "Al menos en el caso de Gil, los gastos han resultado inferiores a la quita conseguida, y hay que valorar que, si hace dos años no hubiera solicitado el concurso, su deuda ahora sería mucho mayor, porque el concurso paralizó la generación de intereses de demora del 20%", indica. Y agrega que el concurso también sirve para conseguir quitar la presión de los embargos a esa familia y lograr un acuerdo en el que no haya ganadores ni perdedores, sino un ajuste de ambas partes. "Si negocias fuera de concurso con los acreedores, puedes conseguir pactar con algunos, pero otro te puede instar el embargo e invalidar el acuerdo; en cambio, el convenio implica a todos, si logras pactar con la mayoría, el convenio se impone al resto", concluye Pich.

Rojas, por su parte, comenta que el desenlace de los concursos depende mucho del tipo de acreedor. "Con acreedores hipotecarios y valores inmobiliarios por encima del pasivo pendiente es difícil llegar a acuerdos si no se consiguió al refinanciar la deuda, antes de ir al juzgado. En cambio, con acreedores ordinarios (con créditos sin garantía), es más fácil, por el tiempo que puede pasar hasta la liquidación y la dificultad de repartir el patrimonio liquidado", explica. Opina que, de todos modos, la quita y demora que conlleva un concurso puede servir como arma de negociación precisamente para alcanzar un acuerdo sin tener que ir al juzgado.

 La Vanguardia, 8 octubre de 2006

 

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